El sector del hormigón preparado atraviesa en estos momentos una alarmante situación de creciente presión económica en costes que preocupa y merece ser explicada con claridad y responsabilidad. No se trata de una coyuntura puntual, sino de una acumulación de factores que, en conjunto, están tensionando de forma significativa la viabilidad de muchas empresas.
A finales de 2025 ya advertíamos de un escenario complejo para 2026, marcado por el aumento de los costes laborales y una creciente dificultad para disponer de recursos clave como el transporte o determinados perfiles profesionales. Aquella situación, ya exigente, se ha visto agravada en las últimas semanas por un nuevo factor de impacto: la escalada de los costes energéticos derivada del conflicto internacional en Oriente Medio.
Hoy, el elemento que sobreviene y dificulta la actividad es el coste del petróleo y, con él, entre otros, el del transporte. Conviene entender bien su alcance: no se trata únicamente del transporte de venta del hormigón, sino también del transporte de materias primas y del impacto directo en la producción de las empresas de hormigón y en la de nuestros insumos esenciales Es, por tanto, un efecto en cadena que recorre toda la estructura de costes del sector.
Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo ha registrado una escalada muy significativa, con subidas que en pocas semanas han superado ampliamente el 30% y que, en los momentos de mayor tensión, han llegado a situarse por encima del 60%. Un incremento rápido, intenso y volátil que afectando al combustible, se traslada de forma amplificada a toda la cadena de valor, impactando directamente en el transporte, así como a la logística de las materias primas y a la producción industrial.
Un problema sistémico, no aislado
Los datos de sectores próximos ayudan a entender la magnitud del problema. El informe sectorial de AMAEXCO, elaborado a partir de más de 200 empresas, describe una situación de emergencia económica, en la que una parte mayoritaria de las compañías no tiene capacidad real para trasladar el incremento del coste del combustible y debe absorberlo directamente en sus márgenes.
En paralelo, el posicionamiento de FENAEX es claro: se trata de sectores con dependencia estructural del gasóleo y con escasa capacidad de repercusión de costes, lo que genera un deterioro inmediato de la rentabilidad y pone en riesgo la continuidad de muchas empresas.
El hormigón comparte plenamente estas características. La diferencia es que, en nuestro caso, el transporte forma parte del precio del producto y no suele existir una separación contractual que permita adaptar los precios a la realidad del mercado.
Además, existe un efecto adicional que agrava la situación: muchos de los contratos en los que operan las empresas no permiten una adaptación ágil a cambios bruscos de costes, generando un desequilibrio económico que se traslada directamente a la cuenta de resultados. Adicionalmente, como venimos denunciando desde ANEFHOP, los proyectos no se están ejecutando a las velocidades habituales, y esa lentitud y retrasos hacen que se mantengan condiciones que ya no son de mercado.
Un marco normativo que no responde a la realidad del sector
En paralelo, se han aprobado medidas orientadas a mitigar el impacto del incremento de los costes energéticos, especialmente en el ámbito del transporte. El reciente Real Decreto-ley 9/2026 introduce mecanismos para facilitar la revisión de los precios del transporte en función de la evolución del combustible, incluso estableciendo su aplicación obligatoria en determinadas circunstancias.
Sin embargo, estas medidas presentan una limitación relevante para el sector del hormigón: en la casi totalidad de los casos, el transporte forma parte inseparable del producto y no se factura de manera independiente. Esto implica que los mecanismos diseñados no resultan directamente aplicables a nuestra actividad, generando una situación de desequilibrio que merece ser revisada.
Dicho de otro modo, mientras que en algunos ámbitos se habilitan instrumentos para trasladar automáticamente los incrementos de costes, en otros —como el hormigón— las empresas deben negociar ajustes de todos los contratos en vigor con sus clientes o asumirlos en su cuenta de resultados al no contar con herramientas equivalentes al transporte.
El riesgo: trabajar con márgenes erosionados
La combinación de todos estos factores configura un escenario especialmente delicado. Sectores con estructuras de costes comparables ya alertan de situaciones en las que los incrementos energéticos están eliminando completamente los márgenes operativos, comprometiendo la viabilidad empresarial.
En el caso del hormigón, donde los márgenes son tradicionalmente ajustados y la competencia es intensa, esta presión adicional introduce un riesgo evidente: operar en condiciones que no permiten garantizar la sostenibilidad económica de la actividad.
Recordemos el precedente de Ucrania, la situación actual no es la primera vez que ocurre. Durante la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, muchos contratos quedaron completamente desfasados en cuestión de semanas. Empresas que habían firmado contratos en un contexto de estabilidad se vieron obligadas a renegociar para adaptarse a condiciones radicalmente distintas.
El resultado es de todos conocido: muchos proyectos se detuvieron para evitar suministros a pérdidas, tensiones contractuales y un deterioro general de la rentabilidad.
Una llamada a la reflexión y a la acción
El sector del hormigón ha demostrado históricamente una gran capacidad de adaptación. Ha avanzado en sostenibilidad, en digitalización y en eficiencia operativa. Pero ningún proceso de mejora puede sostenerse si se desarrolla en un entorno de presión estructural de costes sin mecanismos de equilibrio.
La descarbonización del hormigón, la mejora de procesos, la inversión en nuevos materiales… todo ello exige recursos. Exige capacidad financiera. Exige estabilidad. Sin rentabilidad, ese camino se estrecha. No es una cuestión ideológica, es una cuestión económica. Sin rentabilidad no hay inversión. Y sin inversión, no hay transformación.
Por ello, es necesario abrir una reflexión serena pero firme:
- Sobre la adecuación de los marcos normativos a la realidad de sectores como el nuestro.
- Sobre la necesidad de garantizar condiciones de competencia equilibradas dentro de la cadena de valor.
- Y sobre la importancia de evitar que la acumulación de tensiones termine afectando a la estabilidad de un sector estratégico para la economía.
Y aquí aparece una idea clave: los incrementos que ya se reconocen en determinadas partes de la cadena —como el transporte— deben también reconocerse y poder trasladarse a aquellos sectores que los integran en su producto de forma directa. Dicho de forma directa: si el sistema permite ajustar el coste del transporte, debe permitir que quienes lo asumen puedan repercutirlo en las mismas condiciones. No hacerlo genera una distorsión que termina penalizando precisamente a quienes están más expuestos.
El hormigón es un elemento esencial para el desarrollo de infraestructuras, vivienda y servicios. Proteger su viabilidad no es solo una cuestión sectorial, sino una condición necesaria para el correcto funcionamiento del conjunto de la actividad económica.